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| Las protestas para exigir vuelos humanitarios para regresar a Venezuela se han repetido en Tapachula (Chiapas, México) en las últimas semanas. Jose Torres/Anadolu/picture alliance |
Meses esperando, semanas protestando. Ese es el resumen de la situación que viven hasta 2.000 venezolanos que están literalmente varados en Tapachula, en Chiapas (México), imposibilitados de realizar cualquier acción. No pueden trabajar, no pueden movilizarse dentro del país y no pueden regresar a Venezuela porque no disponen de los recursos. Ni su circunstancial país de acogida ni tampoco su país de origen muestran eficiencia a la hora de ofrecer soluciones, y la desesperada situación posiblemente se extenderá muchas semanas más.
"Hay muchas personas esperando vuelos humanitarios”, dice a DW Lizbeth Guerrero, directora de Apoyo a Venezolanos en México, una organización cuyo nombre dice todo. "Están en una situación complicada, porque Tapachula es una zona donde no hay trabajo, no hay acceso a derechos, y muchos quizás pensaron en quedarse, pero como vivieron situaciones fuertes en su intento por llegar a Estados Unidos o han tenido problemas durante su estadía en México, decidieron regresar a Venezuela”, explica.
El problema es que la burocracia es lenta, y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) puede tardar hasta nueve meses en tramitar las solicitudes de refugio, una espera insostenible cuando no hay trabajo. "Muchas personas han intentado iniciar un proceso para quedarse en México y tampoco les ha sido viable. Ante este panorama, prefieren irse”, dice Guerrero.
La tragedia del Darién otra vez
"Lamentablemente muchas de las personas de Venezuela se encuentran viviendo en situación de calle, y también hemos identificado a grupos, principalmente familias, que están regresando a Venezuela por vía terrestre”, explica a DW Josué Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula. "Eso es algo preocupante y grave porque conocemos las circunstancias y violencias a las que se enfrentan las personas en su recorrido desde la Selva del Darién hacia México, y repetir esa experiencia es muy riesgoso”. Además, agrega, las estructuras humanitarias que existían para ayudar a los migrantes en dicha selva ya desaparecieron, lo que agrava más ese panorama.
A mí me preocupa muchísimo que se están devolviendo por la Selva del Darién”, dice también Guerrero. "Hay niños que llegan solos, madres con niños pequeños, y regresan a un país donde no hay un plan de reintegración”, critica. "En Venezuela no hay ningún plan para atender a los retornados. Una persona del Gobierno me dijo que no se les daba atención porque los que se fueron son traidores. Tal vez no es la posición de todos, pero es preocupante ese comentario aunque sea solo de una funcionaria”, señala.
De acuerdo con la información que tiene la embajada de Venezuela en México, hay hasta 2.000 personas inscritas para subirse a unos vuelos humanitarios que, según la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se retomarán a la brevedad. Sin embargo, dice Gómez, no existe información sobre esos vuelos y las personas no tienen idea realmente de cuándo y dónde tendrán lugar. "Todo es muy opaco”, lamenta.
Merecen protección internacional
La desesperación que ha llevado a los venezolanos en Tapachula a manifestarse frente al Instituto Nacional de Migración en Chiapas tiene que ver con que carecen de ayudas y se ven sometidos a una espiral de trámites sin fin. "Muchos están en campamentos improvisados, porque hubo un compromiso del gobierno mexicano de hacer supuestamente albergues, que tampoco eran albergues, eran una carpa grande, una tienda de campaña grande con todos los servicios, y eso tampoco se ha activado”, señala Guerrero. "Las personas están sin papeles y no pueden trabajar para solventar las necesidades vitales de todo ser humano”, añade.
Gómez explica a DW que no existe una organización a nivel latinoamericano que coordine a los países en casos de crisis como la que se vive en Tapachula, pues si bien la OEA dispondría de los recursos financieros para ello, carece realmente de la potestad para imponer instrucciones a sus países miembros. "Pero más allá de ello”, dice el miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, "hay una responsabilidad del gobierno mexicano, porque gran parte de las personas que están en estas condiciones son susceptibles de recibir protección internacional”.
El activista señala que "la Ley para Refugiados, en su artículo 13, dice que las personas que huyen de violación masiva de derechos humanos o violencia generalizada son susceptibles de protección internacional. El Estado debe brindar esa protección”. Pese a ello, no resta responsabilidad a Venezuela, como tampoco lo hace Guerrero. "Venezuela alega que no tiene dinero para pagar el combustible de los aviones que harían los vuelos humanitarios, y espera que México corra con ese costo”, dice la directora de Apoyo a Venezolanos en México. Y mientras avanzan (o no) esas conversaciones políticas para resolver el entuerto, la gente sigue durmiendo en la calle y esperando respuestas.
DW