En la profundidad de El Amazonas, el Parque Nacional Canaima en Venezuela emerge como un paraíso verde. Hogar del Salto Ángel, la cascada ininterrumpida más alta del mundo con más de 975 metros de altura, es fuente de orgullo nacional, una muestra de la singularidad y belleza natural del país, el equivalente venezolano del Gran Cañón, Yellowstone y las Cataratas del Niágara, todo en uno.
Y está al borde de la ruina.
Alcanzada por la fiebre del oro que arrasa los estados del sur del país, el frágil ecosistema de Canaima está siendo amenazado por operaciones mineras ilegales que han surgido dentro del parque nacional, amenazando con el mismo tipo de devastación ambiental generalizada que ya ha afectado a otras áreas de los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Según grupos ambientalistas, actualmente hay al menos 30 sitios mineros diferentes dentro de Canaima. Estos existen en violación de las leyes venezolanas, que prohíben la minería dentro de parques nacionales, y tratados internacionales. El área fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 por sus singulares montañas de cima plana, conocidas como Tepuyes, y por su delicada biodiversidad.
Algunos expertos temen que la incursión actual de los mineros dentro del parque es solo el principio.
“Si no se detiene ahora, esto va a crecer inmensamente y rápido”, dijo al Miami Herald un oficial militar de alto rango que pidió permanecer anónimo para hablar con franqueza. “A medida que comiencen a encontrar más oro, más gente vendrá y estas minas seguirán creciendo y creciendo”.
Cualquier daño ambiental podría ser irreparable, debido a que grandes áreas del parque descansan sobre un lecho de roca sólida y carecen de una capa vegetal significativa. A diferencia de las operaciones mineras en otras áreas más fértiles de la selva amazónica, “cualquier destrucción ambiental aquí podría tardar siglos en recuperarse”, dijo el militar.
Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, un grupo que aboga por la conservación de la Amazonia venezolana, dijo que Salto Ángel está siendo rodeado por al menos ocho operaciones mineras diferentes. La mayoría de ellas se pueden detectar fácilmente en Google Maps, y una de ellas está en una orilla del río Carrao a menos de 15 millas de la icónica catarata.
Su organización, que desde 2018 hace seguimiento de la devastación que causa la minería ilegal en el sur de Venezuela, estima que ya se han visto afectadas unas 1,500 hectáreas dentro del parque nacional, con algunas zonas ya despojadas de vegetación.
Pero eso es solo una pequeña fracción de la devastación ambiental que los mineros y, en menor medida los ganaderos, ya han causado en la parte de la selva amazónica del país. Entre 2000 y 2024, unas 820,000 hectáreas de selva han desaparecido, dijo SOS Orinoco en su último informe.
“Esta tendencia se observa con mayor intensidad desde 2015 y se proyecta que continuará en los próximos años, con una posible pérdida de más de 1,300,000 hectáreas para 2025 y 1,500,000 para 2030 si no se toman medidas para contrarrestarla”, advierte el informe.
Las operaciones mineras en cerca de Salto Ángel se llevan a cabo en asociación con la tribu indígena Pemón, que tiene jurisdicción sobre la región.
Las fuentes tenían opiniones diferentes sobre el grado de control que los pemones tiene sobre las operaciones mineras, con algunos describiéndolos como socios silenciosos que reciben pagos de regalías por el derecho a producir oro de sus tierras y otros presentándolos como dueños y administradores que contratan venezolanos no indígenas para trabajar en los sitios.
Pero lo que sí está claro es que el oro ya ha entrado en su forma de vida, y las tribus asentadas en todo el parque nacional han llegado a apreciar la riqueza asociada con la producción del preciado mineral.
“Si bien antes combatían a quienes entraban a sus tierras queriendo explotarlas, ahora se han vuelto muy aficionados al oro”, dijo el oficial de alto rango.
Burelli, que vive en Washington, dijo que si bien las operaciones mineras se llevan a cabo durante años, la mayoría de los venezolanos han guardado silencio por miedo.
“Cuando empecé a investigar, rápidamente descubrí que sí, había operaciones mineras ilegales (en Canaima), pero también que había mucho miedo; nadie se sentía en condiciones de denunciar estas operaciones ilegales porque tenían miedo de las consecuencias”, dijo.
El miedo surge de la violencia que rodea el control de las operaciones ilegales a cargo de un un elenco de actores desagradables, que incluyen bandas criminales, guerrilleros y miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro.
De hecho, la familia y el círculo íntimo de Maduro se han beneficiado directamente del contrabando de cientos de millones del metal precioso, embolsillándose la mayor parte de las ganancias y enviando solo una una fracción pequeña a las arcas del estado, según descubrió una investigación del Miami Herald en 2019.
La investigación demostró que un consorcio compuesto principalmente por miembros de la familia Maduro y funcionarios gubernamentales de alto rango obtienen cerca de $1,500 millones al año a través del contrabando de oro, a expensas de las arcas del Estado.
Quién está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo a el Miami Herald Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo el propio Maduro antes de romper con su régimen a inicios de este año y viajar a Estados Unidos.
“Es algo sin precedentes el saqueo que ha hecho la empresa criminal que administra Maduro al frente del estado. Es algo nunca antes visto”, agregó Cristopher Figuera en una reciente entrevista realizada en Miami.
La introducción en 2015 de nuevas leyes que establecen una enorme zona de explotación minera llamada Arco Minero desencadenó una fiebre del oro que recuerda a la de California a mediados del siglo XIX.
Impulsadas por el colapso económico del país de la última década, decenas de miles de personas abandonaron las grandes ciudades y se han dirigido al sur de Venezuela para trabajar en pequeñas operaciones mineras ilegales.
Estas operaciones, a menudo dirigidas o controladas por organizaciones criminales armadas, son toleradas por el régimen siempre que su producción sea vendida al consorcio.
Pero las condiciones se han vuelto terribles para estos venezolanos, la mayoría de los cuales han terminado trabajando bajo un sistema de servidumbre forzada. Aquellos que se resisten o en algún momento amenazan con interrumpir las operaciones mineras terminan enfrentando desenlaces trágicos.
“Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos. “Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad… asesinatos, torturas, palizas brutales, mutilaciones, cosas que en Venezuela nunca habíamos escuchado antes pero que muestran el control mafioso que hay ahora en esa región”, dijo Sonia Zapata, fundadora del grupo ambientalista Embajadores del Orinoco.
No es que los funcionarios del régimen simplemente se están haciendo la vista gorda, es que están directamente involucrados, porque no es ningún secreto que son los militares venezolanos los que están en control, en alianza con grupos criminales y guerrillas de izquierda, dijo.
La violencia en torno a las operaciones mineras del país había sido reportada previamente por otras organizaciones no gubernamentales que han registrado una serie de abusos a los derechos humanos y daños ambientales vinculados a las actividades mineras, incluyendo el desplazamiento forzado de comunidades locales, la violencia contra quienes se resisten a las operaciones mineras y la contaminación de los recursos hídricos y del suelo.
“Las diversas organizaciones criminales que controlan las minas ejercen un control estricto sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a los acusados de robo y otros delitos a un trato brutal. En los peores casos, han desmembrado y asesinado, delante de otros trabajadores, a quienes supuestamente no habían cumplido con sus reglas”, señaló Human Rights Watch en un informe reciente.
El informe es solo uno de varios que han presentado un panorama preocupante sobre las condiciones de trabajo dentro de las minas, basándose en entrevistas con residentes locales que estuvieron directamente involucrados o tenían conocimiento de primera mano de la situación.
Muchos de los entrevistados han relatado que son obligados a trabajar turnos extenuantes de 12 horas en los que los obreros no son suministrados con equipos básico de protección, lo que los dejaba vulnerables a innumerables riesgos de salud y seguridad.
A la gravedad de la situación se suma la presencia inquietante de niños de hasta 10 años de edad, que trabajan junto a adultos en estos entornos peligrosos, privados de su infancia y educación.
Además de la amenaza de violencia, los trabajadores enfrentan riesgos relacionados con el uso de mercurio en el proceso de extracción de oro del mineral.
Aunque está prohibido en Venezuela, el mercurio sigue estando presente en las minas, lo que expone a los trabajadores a graves riesgos para la salud. Incluso pequeñas cantidades de mercurio pueden causar graves problemas de salud en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como en los pulmones, riñones, piel y ojos.
Antonio Maria Delgado
Nuevo Herald