El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que la custodia penitenciaria en el país está en manos de personal opresor y sin capacitación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
A pesar de que en mayo de 2021, mediante el decreto presidencial N.º 4.510, se ordenó a los dos organismos transferir las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en la práctica esto no ha ocurrido, según la ONG.
Cuatro decretos más en ese mismo año detallaron las directrices para garantizar la transferencia; Sin embargo, las medidas siguen sin implementarse plenamente, dejando en evidencia serios desafíos administrativos y judiciales, indicó en un comunicado.
La transferencia de la custodia “sigue siendo una asignatura pendiente que subraya las dificultades del Estado venezolano para garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho”.
La ONG aseguró que “como consecuencia de dejar la custodia penitenciaria en manos de personal opresor sin la capacitación adecuada”, los privados de libertad son “víctimas de un ciclo de abuso y negligencia” y los familiares enfrentan “el ruleteo porque les niegan información de los detenidos arbitrariamente, la suspensión de visitas, requisas violentas, el cobro indebido por el paso de alimentos, entre otras penurias”.
Deterioro de derechos humanos
De acuerdo con el OVP, la falsa implementación plena de la transferencia se da en un contexto de grave deterioro de los derechos humanos en Venezuela. “Múltiples informes señalan que tanto la Dgcim como el Sebin funcionan como centros de tortura sistemática”.
Instalaciones como El Helicoide en Caracas, administrada por el Sebin, deberían haber sido transferidas completamente. “Aunque se han designado custodios penitenciarios, su presencia es solo una pantalla que no refleja el control real del Ministerio”, se indica en el comunicado.
“La realidad es que la falsa implementación de estos decretos ha permitido que El Helicoide continúe funcionando como un centro de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, perpetuando las denuncias de abusos de derechos humanos y torturas sistemáticas que se han documentado en este lugar”.
Mencionó en específico a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU que registró denuncias de abusos perpetrados en El Helicoide, que “incluyen métodos de tortura como asfixia con bolsas plásticas, simulación de ahogamiento, aplicación de descargas eléctricas, palizas severas y violencia sexual”.
Desafío de implementación del COP
El OVP explicó que la implementación efectiva del Código Orgánico Penitenciario (COP), sancionado en 2015 y reformado en 2021, sigue siendo un desafío, especialmente ante la falta de aprobación de un reglamento, lo que podría afectar la aplicación uniforme de sus normas en el sistema penitenciario venezolano.
Esto -explicó- dificulta el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, al no establecerse mecanismos claros para supervisar y garantizar su protección. Además, la ONG consideró que podrían agravarse las condiciones de hacinamiento, la atención médica insuficiente y la falta de acceso a la justicia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que la falta de transferencia real de la custodia de la Dgcim y el Sebin al Ministerio, también evidencia la falta de voluntad política y la incapacidad institucional para garantizar una verdadera reforma en el sistema de reclusión.
Consideró que el ministro del Servicio Penitenciario es una figura decorativa, sin poder real para cambiar las condiciones del sistema.
El Carabobeño