Mientras Nicolás Maduro era juramentado nuevamente como presidente en la Asamblea Nacional, Estados Unidos anunció un paquete de sanciones y medidas destinadas a aumentar la presión sobre el Gobierno venezolano, subiendo la recompensa por la captura del mandatario y Diosdado Cabello a 25 millones de dólares cada uno.
La acción, coordinada con la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, incluye el incremento de las recompensas por información que permita la captura de figuras clave del chavismo y nuevas restricciones económicas y migratorias.
La recompensa por Nicolás Maduro fue elevada 10 millones más de lo previamente ofrecido. Estados Unidos lo acusa de liderar el denominado "Cartel de los Soles", vinculado al narcotráfico internacional.
De igual manera, la recompensa por Diosdado Cabello, considerado el segundo al mando y actual ministro de Interior, también se incrementó a 25 millones de dólares.
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue incluido en la lista con un precio de 15 millones de dólares por información que facilite su captura.
Además de estas medidas, se aplicaron sanciones a ocho figuras cercanas al círculo de poder del chavismo. Entre los afectados destacan Héctor Obregón Pérez, presidente de Pdvsa; el ministro de Transporte; y el presidente de la aerolínea estatal Conviasa.
El gobierno estadounidense también impuso sanciones de visado a cerca de 2.000 ciudadanos venezolanos, identificados como colaboradores del régimen.
Simultáneamente, anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos residentes en Estados Unidos por 18 meses más, en un gesto de apoyo a los afectados por la crisis política y social del país.
En paralelo, la Unión Europea amplió su lista de sanciones contra funcionarios venezolanos. El Consejo de la UE publicó en su Diario Oficial el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/44, que añade a 15 personas a las medidas restrictivas existentes desde 2017.
La decisión fue fundamentada en su participación en acciones que "socavan la democracia y el Estado de Derecho", con especial énfasis en las irregularidades registradas durante las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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