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| Un motociclista pasa cerca de cauchos incendiados por manifestantes que protestan en contra de la cuestionada reelección del gobernante venezolano Nicolás Maduro, el lunes 29 de julio de 2024, en Caracas. |
Cincuenta y dos organizaciones venezolanas en el exterior solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) un rápido juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa al régimen de Nicolás Maduro y dijeron que más de 11.000 víctimas han presentado pruebas.
La Red de Casas Venezolanas y otras ONG en EEUU, con sede en la Florida, aseguró que en Venezuela se han cometido graves crímenes de lesa humanidad de manera reiterada y sistemática en los últimos años, y que han “aumentado exponencialmente” en los últimos meses, sin que se hayan tomado las medidas correspondientes.
“No se trata sólo de castigar hechos pasados, que por supuesto claman por una pronta atención, pues la justicia tardía es injusta, sino que la situación es aún más grave. Estos son crímenes que se siguen cometiendo en la actualidad, y que aumentan tanto en cantidad como en barbarie desde el 28 de julio de 2024”, indicó la organización en una carta entregada en la sede de la CPI, en La Haya, el miércoles.
Las cuestionadas elecciones presidenciales del país sudamericano se realizaron el pasado julio y el régimen intensificó la represión contra los venezolanos que manifestaron en contra de los resultados que fueron atribuidos a Maduro para que cumpla un tercer mandato sin mostrar las actas de votación y que la oposición denunció como fraude electoral.
Las organizaciones dijeron que el líder chavista había anunciado públicamente un “’derramamiento de sangre’ si no ganaba las elecciones. Tal vez sea la única promesa cumplida durante su presidencia: numerosas personas han sido asesinadas y desaparecidas, miles han sido heridas y encarceladas, y otras innumerables han sido violadas y torturadas, incluidos cientos de niños”.
“Todo esto ocurre ante un silencio e inacción incomprensibles de la Fiscalía y de la Corte Penal Internacional.
En los últimos años se han presentado pruebas que constituyen motivos razonables y suficientes para imputar a Maduro y su cadena de mando civil y militar, aproximadamente 11,500 víctimas que en 2023 y 2024 se han dirigido ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Apelaciones, según se detalló en la misiva.
“¿Cuántas pruebas más hacen falta? ¿Cuántas muertes, torturas, violaciones, golpizas o encarcelamientos más deben ocurrir para que se presenten cargos contra los presuntos responsables?”, se preguntaron las organizaciones en la carta firmada por William J. Díaz, fundador de la Red de Casas de Venezuela y otras ONG en EEUU.
Consideraron necesario que también se adopten medidas cautelares para evitar que se sigan cometiendo estos crímenes.
“Al solicitar respetuosamente justicia, que se continúe con la investigación de los hechos, la implementación de medidas cautelares y la sanción de los presuntos criminales, creemos estar representando el sentir unánime de más de ocho millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar, víctimas del delito de desplazamiento forzado, y creemos también que representamos a la gran mayoría de nuestros compatriotas que permanecen en el país”, indicaron.
El Nuevo Herald