En un nuevo episodio que evidencia la delicada situación de los presos políticos en el país, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el traslado de 47 detenidos -de los estados Zulia, Barinas y Yaracuy- durante el contexto poselectoral desde el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, hacia la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Este movimiento se suma a los traslados ocurridos el pasado 5 de diciembre, cuando aproximadamente 200 detenidos de los estados Anzoátegui, Miranda y Portuguesa fueron llevados al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
El traslado de los presos políticos se realizó sin previo aviso a sus madres y/o familiares, quienes denunciaron que este viernes no les permitieron la entrega de paquetería en Yare III, lo que desató inquietud y alarma. Las familias exigen información clara y oportuna sobre el estado y la ubicación de sus seres queridos, así como garantías sobre su integridad física y psicológica.
La cárcel de Tocuyito, donde ahora se encuentran recluidos los 47 detenidos, ha sido objeto de controversia en las últimas semanas. En esta instalación penal falleció recientemente Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, mientras se hallaba bajo custodia del Estado.
Este hecho ha intensificado las preocupaciones sobre las condiciones de reclusión y el trato recibido por los presos políticos, que incluyen activistas, estudiantes y profesionales detenidos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El contexto de los traslados
Estos movimientos forman parte de una serie de reubicaciones masivas que han afectado a presos políticos en distintos centros penitenciarios del país. Desde los comicios presidenciales, en los que se produjeron numerosas denuncias de irregularidades, el Estado ha intensificado las detenciones de ciudadanos que protestaban contra los resultados electorales o eran sospechosos de participar en manifestaciones.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización de la protesta y la disidencia. Según estas organizaciones, más de 400 personas han quedado arrestadas en el contexto poselectoral, muchas de ellas bajo cargos ambiguos o sin pruebas claras.
Las madres y familiares de los trasladados han manifestado su preocupación por el destino y las condiciones en que se encuentran sus seres queridos. “Tenemos derecho a saber dónde están y cómo están. El silencio del Estado no solo es una violación a nuestros derechos, también pone en riesgo a nuestros familiares”, declaró una madre que prefirió mantener su identidad en reserva.
Las familias han denunciado en múltiples ocasiones que los presos políticos enfrentan condiciones de reclusión precarias, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a atención médica y alimentación insuficiente. Estas preocupaciones se agravan ante la falta de comunicación oficial sobre los traslados y las circunstancias de los detenidos.
Exigen al Estado garantizar los DDHH
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y otras organizaciones han exigido al gobierno venezolano transparencia en el manejo de los casos de los presos políticos. “El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia, incluyendo el derecho de sus familiares a estar informados sobre su situación”, indicó el Comité en un comunicado.
Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente en lo que respecta al trato a los presos políticos.
El Carabobeño