El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este lunes la violación sistemática de los derechos de los prividos de libertad en Venezuela, en un extenso informe en el que destacó la muerte de tres personas bajo custodia del Estado tras las elecciones presidenciales de julio.
“Prisión injusta, celdas inhumanas” es el nombre del informe que revela las críticas condiciones carcelarias de los presos políticos y está basado en testimonios de privados de libertad excarcelados y familiares, todos bajo condición de anonimato para resguardar su seguridad.
El documento aborda entre otros temas el derecho a la vida, la alimentación, el acceso al agua potable, la salud y las condiciones de alojamiento, higiene y vestimenta en los centros de reclusión de los presos políticos en Venezuela.
Destaca que según el Gobierno más de 2.200 personas fueron detenidas en el contexto postelectoral y trasladadas a cárceles de máxima seguridad, comandos policiales y otros centros de reclusión.
Derecho a la vida y alimentación
Clippve lamentó la muerte bajo custodia del Estado entre noviembre y diciembre de Jesús Manuel Medina (36 años) en Anzoátegui y Jesús Rafael Álvarez (44 años) y Osgual González (43 años) en Carabobo.
Los tres decesos se sumaron a los 19 ocurridos desde 2015 en custodia del Estado venezolano, según el informe.
El comité indicó que en centros de reclusión preventivos o comandos policiales no se garantiza el derecho a la alimentación de los privados de libertad. Son los familiares los encargados de llevar diariamente la comida a sus seres queridos.
Esta situación perjudica a las familias más vulnerables, que no pueden trasladarse todos los días para proporcionar alimentos, por diferentes motivos, incluidos económicos.
Mientras, en las cárceles de máxima seguridad, como Tocorón, Tocuyito y Yare III, los familiares reportan precarias condiciones de sanidad para preparar las comidas.
Los alimentos en varias ocasiones tienen insectos, están descompuestos o no son suficientemente cocidos, según el informe. Las raciones son minúsculas e insuficientes, lo que se ha traducido en pérdida de peso y enfermedades estomacales, agrega.
Clippve reveló que, de acuerdo a las denuncias de los familiares, la mayoría de los centros de reclusión del país no cuentan con agua para consumo humano. En muchos casos, son los mismos familiares quienes suministran el agua potable para evitar las enfermedades estomacales e intestinales.
Derecho a la salud
La desatención de patologías de base es solo uno de los padecimientos que reiteradamente se presentan en los detenidos por razones políticas de manera uniforme en todas las cárceles, según el informe.
Durante casi tres meses, en algunas prisiones de máxima seguridad, no se permitió a los familiares suministrar las medicinas para los presos poniendo en riesgo su salud.
El informe destaca que en Tocuyito 247 detenidos tenían al menos una patología, que se correspondía con dolencias como hipertensión arterial, tuberculosis, trastornos psiquiátricos, asma, sistema renal, musculoesquelética, diabetes, sistema hepático, VIH, bajo peso y convulsiones.
Además, menciona que las condiciones de reclusión incrementaron los casos de hipertensión entre los jóvenes, así como los episodios de convulsión en algunos detenidos.
Limitacios a las visitas
Ver a los detenidos es otro dolor de cabeza. En la mayoría de los centros de reclusión utilizados como albergue, por denuncia de sus familiares, a los presos políticos no se les permite acceso a visitas de hombres.
Evitar el contacto físico en la visita se volvió una práctica habitual, en varios centros de reclusión solo se puede ver al privado de libertad a través de un vidrio.
Por otro lado, quienes están en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas, donde están detenidos cientos de presos políticos, se viola permanentemente el derecho a la visita, revela el informe. De forma específica se destacaron los casos de al menos 10 presos políticos (Alfredo Díaz, Freddy Superlano, Américo de Gracia, Perkins Rocha, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez, Biaggio Pireli, Jesús Armas, William Dávila, Luis Paclock), detenidos después de las elecciones, que no han podido recibir visitas de sus familiares ni una sola vez, en lapsos incluso de hasta 5 meses.
Torturas y tratos crueles
Los testimonios recopilados en el informe dan cuenta de golpizas y otros tipos de torturas y tratos crueles que sufrieron los privados de libertad.
“Mi hijo quedó sordo de una golpiza que le dieron”, dijo un familiar de un preso político de Tocorón.
Otro testimonio indica que en la celda en la que se encontraba un excarcelado de Tocuyito nunca fueron apagadas las luces, una práctica de tortura reconocida internacionalmente, según Clippve.
Destaca entre los casos el del defensor de derechos humanos y activista político, Jesús Armas. “Durante su reclusión fue torturado bajo asfixia mecánica en una casa clandestina de Santa Mónica, Distrito Capital”.
Violación sistemática de derechos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó en las conclusiones del informe que las condiciones de detención revelan una violación sistemática de derechos fundamentales de los presos políticos en Venezuela.
Las muertes bajo custodia del Estado -menciona- son un recordatorio trágico de las violaciones de derechos humanos y generan dolor y sufrimiento no solo en las familias de los fallecidos, sino también en las de los presos políticos, quienes viven con el constante temor de que sus seres queridos puedan enfrentarse a la misma suerte.
Además, la documentación de torturas físicas y psicológicas, el uso de aislamiento prolongado y la negación de contacto con familiares o abogados constituyen actos de denegación del debido proceso y muestran el uso consuetudinario de la tortura, física y psicológica, según el comité.
Clippve concluyó que las condiciones documentadas "son el resultado de políticas sistemáticas de represión, negligencia estatal, ausencia de controles efectivos sobre el sistema penitenciario y una forma de profundizar el terrorismo de Estado, en abierta violación del marco legal venezolano y de los convenios internacionales sobre la materia".
“La continuidad de estas condiciones representa no solo un peligro para la vida de los presos políticos, sino también una amenaza para los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela”.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos consideró imperativo que las autoridades adopten medidas para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre las condiciones de reclusión y el trato a personas privadas de libertad.
El Carabobeño