La situación en Venezuela, examinada por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue siendo fuente de preocupación para las víctimas de crímenes internacionales cometidos en el país. Las víctimas enfrentan un panorama incierto, agravado por la solicitud de recusación del Fiscal de la CPI, Karim Khan, bajo acusaciones de un posible conflicto de interés. Este proceso, sin precedentes en la historia de la Corte, plantea desafíos que podrían retrasar aún más el acceso a la justicia.
“Muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el Fiscal no ha dado a la difícil situación la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos”, expresó la Oficina de Defensa de las Víctimas del organismo, en un documento firmado por Paolina Massidda, Enrique Carnero Rojo y Ana Peña.
Desde el inicio del proceso en 2018, las víctimas han esperado justicia por los crímenes sufridos. La solicitud de recusación del Fiscal, presentada bajo el artículo 42(8) del Estatuto de Roma, busca apartarlo de la investigación. Sin embargo, las víctimas temen que esta acción, de ser aprobada, paralice las investigaciones hasta que se nombre un nuevo Fiscal, lo que dilataría aún más un proceso ya de por sí lento.
El sentimiento de abandono entre las víctimas se intensifica con cada retraso. Según el documento de la Oficina de Asistencia Jurídica para las Víctimas (OPCV), cualquier demora en las investigaciones afecta directamente sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparaciones.
A pesar de que la investigación fue autorizada en 2023 tras años de espera, todavía no se ha abierto un caso formal contra ningún responsable. Esta falta de avances concretos contrasta con otros casos en los que la CPI ha emitido órdenes de arresto de manera más expedita.
Las víctimas expresan su frustración y cuestionan por qué los crímenes en Venezuela no han recibido el mismo nivel de prioridad. Esta percepción aumenta su desconfianza en el sistema de justicia internacional y su sensación de ser relegadas frente a otras situaciones similares.
El Fiscal ha defendido la estrategia de “complementariedad positiva”, que busca fomentar investigaciones nacionales en Venezuela antes de avanzar en el proceso internacional. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de la CPI ya determinó que el Estado venezolano no lleva a cabo investigaciones genuinas sobre los crímenes denunciados.
Las víctimas temen que este enfoque prolongue aún más el inicio de medidas concretas en la CPI. Si bien las investigaciones nacionales son un pilar del Estatuto de Roma, los esfuerzos para alentar al Estado a actuar no deberían hacerse a expensas de las víctimas y de un acceso expedito a la justicia internacional.
El contexto actual en Venezuela agrava las preocupaciones de las víctimas. Tras las elecciones de julio de 2024, el gobierno intensificó su represión mediante detenciones masivas, actos de violencia y violaciones de derechos humanos. Según Foro Penal, casi 2.000 personas están detenidas, incluidas mujeres, adolescentes y personas vulnerables, muchas de las cuales sufren tortura y tratos degradantes.
A pesar de estos acontecimientos, el Fiscal no ha emitido declaraciones públicas ni tomado acciones visibles en respuesta a los crímenes recientes. Esta aparente inacción aumenta el sentimiento de abandono entre las víctimas y sus familias.
Las víctimas exigen que la investigación de la CPI no sufra interrupciones. Si se aprueba la recusación del Fiscal, solicitan que se tomen medidas rápidas para garantizar la continuidad del proceso. Señalan que cualquier demora adicional no solo les negaría justicia, sino que también debilitaría la credibilidad de la CPI.
Asimismo, piden un mayor compromiso del Fiscal y de la CPI para abordar tanto los crímenes históricos como los recientes, incluidos aquellos perpetrados tras las elecciones de 2024. La prioridad debe ser avanzar con determinación en las investigaciones para garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
La situación en Venezuela presenta un desafío crítico para la CPI y para el sistema de justicia internacional. Las víctimas, que han soportado años de espera y sufrimiento, ven con preocupación cualquier medida que pueda retrasar aún más las investigaciones.
En un contexto de represión estatal y violaciones constantes de derechos humanos, garantizar una justicia expedita no solo es un imperativo legal, sino también una obligación moral para con las víctimas y sus familias. La comunidad internacional debe asegurar que los derechos de las víctimas no queden relegados por cuestiones procedimentales o políticas.
Infobae