Quince relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación ante las denuncias que podrían sugerir un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela.
Gina Romero, relatora especial para Libertad de Asociación y Asamblea, informó que junto a otros 14 expertos envió una carta al gobierno de Venezuela solicitando información sobre alegaciones de violaciones a los DD.HH. en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio. “No recibimos respuesta”, dijo en una publicación en X.
En la carta de 34 páginas, enviada el 27 de agosto, se dio un plazo de 60 días al gobierno para responder e investigar de manera transparente las denuncias recibidas, garantizar el respeto a las libertades fundamentales y poner fin a las represiones y detenciones arbitrarias.
Adelantaron que transcurridos los 60 días, la carta y cualquier respuesta por parte del gobierno serían hechas públicas.
Patrón sistemático
La denuncias planteadas incluyeron una combinación de inhabilitaciones políticas, obstáculos a las campañas opositoras, irregularidades electorales y represión poselectoral. Esto "sugiere un patrón sistemático que socava el pleno disfrute de estos derechos fundamentales”, dijeron los relatores.
Los expertos de la ONU explicaron que el escenario plantea serias dudas sobre el cumplimiento por parte de Venezuela de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“Nos preocupa además que el Estado esté haciendo uso de nuevas tecnologías para aumentar la denuncia anónima y criminalización de personas que se aprecian como opositoras, participantes de las manifestaciones pacíficas o que hacen uso de su derecho a la libertad de expresión, que ejercen el periodismo, son parte de partidos políticos o defensores y defensoras de derechos humanos. Nos preocupa también la restricción de plataformas electrónicas para que las personas se puedan comunicar”.
Alto grado de indefensión de la ciudandanía
Los relatores advirtieron sobre el grado de "altísima indefensión de la ciudadanía", y en específico de las personas defensoras de derechos humanos, las personas involucradas en el trabajo de las organizaciones sociales, periodistas, abogados, en un escenario -aseguraron- de inacción e inclusive acciones de estigmatización por parte del Ministerio Público.
Este escenario -según los relatores- se desarrolló en un contexto de persecución y criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, de alta corrupción, impunidad y ausencia de un sistema de justicia independiente.
En particular, los expertos de la ONU manifestaron su preocupación por violaciones alegadas en contra de personas en situación de vulnerabilidad, en especial niñas, niños y adolescentes. Señalan que además de ser criminalizados, habrían sufrido ataques a la vida, integridad, libertad, violaciones al debido proceso, siendo algunos incluso detenidos (y algunos judicializados) por terrorismo.
En la carta expresaron alarma por las alegaciones de ataques, acoso, amenazas, arrestos y detenciones arbitrarias que están enfrentando periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
También por las restricciones del derecho a informar, así como por los bloqueos arbitrarios de aplicaciones de comunicación, plataformas en línea y páginas web de medios de comunicación y organizaciones que reportan sobre derechos humanos.
Además, mencionaron las denuncias de detenciones y procesamiento judicial de ciudadanos con base a mensajes privados o publicaciones críticas o disidentes.
Uso indebido del sistema de justicia penal
Los relatores manifestaron su inquietud en relación con la negativa a investigar las alegaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, letal y no letal, por parte de agentes de los cuerpos de seguridad civiles y militares, así como de personas vestidas de civil actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad.
Asimismo, les preocupa el uso indebido del sistema de justicia penal contra quienes critican al Gobierno. Destacaron en particular las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios, acusaciones falsas o infundadas, negación del debido proceso, juicio justo y garantías judiciales.
“Expresamos además nuestra preocupación por la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, así como por las desapariciones forzadas”.
Los 15 relatores alertaron sobre la utilización abusiva de la legislación antiterrorista y disposiciones relativas a la seguridad nacional en contra de personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, manifestantes y sociedad civil en general, exponiendo a penas privativas de libertad de hasta 10 y 15 años en prisión.
Instaron al gobierno venezolano a investigar de manera transparente las denuncias recibidas, garantizar el respeto a las libertades fundamentales y poner fin a las represiones y detenciones arbitrarias.
Venezuela acentuó su crisis desde las presidenciales del 28 de julio en las que el Consejo Nacionales Electoral anunció la victoria de Nicolás Maduro sin revelar resultados detallados.
La oposición denunció fraude e hizo públicas las actas con las que asegura que el triunfo corresponde a su abanderado Edmundo González Urrutia.
Más de 2.400 resultaron arrestadas, incluidos dirigentes opositores y más de un centenar de menores de edad, en el marco de las protestas en rechazo al resultado oficial de las elecciones.
El Carabobeño