La ONG de Venezuela Provea dijo este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro insiste en desconocer sus obligaciones en materia de derechos sociales, al cumplirse -sostuvo- 900 días sin que se ordene un aumento en el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares, uno 3,5 dólares.
"Mientras se secuestra la democracia y escala la represión, quienes gobiernan, insisten en desconocer sus obligaciones en materia de derechos sociales", señaló Provea en un mensaje publicado en la red social X.
Asimismo, indicó que han pasado más de dos años sin que haya un aumento salarial, "en medio del empobrecimiento generalizado de la población".
"Sin democracia no hay garantía de desarrollo y bienestar para las familias", añadió.
En Venezuela, una persona necesita 34,4 salarios mínimos -actualmente en 3,5 dólares mensuales-, para pagar la canasta básica de alimentos, que tuvo en julio un costo de 108,5 dólares por cada miembro de una familia de cinco integrantes, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Además del salario mínimo, los trabajadores reciben una bonificación de alimentación de 40 dólares, al que se suma, para los empleados públicos, el llamado ´bono de guerra económica´, de 90 dólares, para un total de 133,5 dólares, pagados en bolívares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
El pasado 29 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país registrará en 2024 "la inflación más baja en décadas", a la vez que afirmó que "hay una buena expectativa en la sociedad, en la población" y "en los actores económicos".
En julio, según el BCV, la inflación fue del 0,7 %, con lo que mantiene una tendencia a la baja, mientras que la tasa acumulada de incremento de precios en bienes y servicios llegó al 9,7 % en los primeros siete meses del año.
Las autoridades prevén que Venezuela, que vivió un proceso hiperinflacionario entre 2017 y 2021, cierre 2024 con una inflación inferior al 50 %.
EFE