El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó que continuará con la custodia y defensa de los intereses de Argentina en Venezuela hasta que el gobierno argentino designe a otro Estado que sea aceptado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro para asumir dichas funciones
Brasil expresó este sábado su “sorpresa” ante la decisión del Gobierno venezolano de revocar la autorización que tenía para representar los intereses de Argentina en Caracas y proteger sus instalaciones diplomáticas, que son consideradas “inviolables”.
“El Gobierno brasileño destaca la inviolabilidad, en los términos de la Convención de Viena, de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis asilados venezolanos, así como sus bienes y archivos”, señaló la Cancillería en una nota.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado aceptable” para el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, a fin de llevar a cabo esas funciones.
Desde agosto, Brasil se encarga de la protección de las sedes diplomáticas de Argentina y Perú en Venezuela, así como de la representación de sus ciudadanos, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones por rechazar la proclamación de Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio.
Las relaciones entre Lula y Maduro se han deteriorado en los últimos meses debido al proceso electoral en Venezuela.
Lula no ha reconocido la victoria de Maduro ni la del líder opositor Edmundo González Urrutia, cuya elección ha sido respaldada por parte de la comunidad internacional, sino que ha insistido en la necesidad de publicar las actas electorales de manera detallada.
Lula calificó el comportamiento de Maduro como “decepcionante” y afirmó que, como presidente, debería demostrar que fue electo por el pueblo venezolano.
Junto con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y en menor medida con el líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Lula ha intentado mediar entre las partes para lograr la divulgación de las actas, que la oposición publicó en internet con resultados favorables a González Urrutia.
Por la publicación de estos documentos, la Fiscalía abrió una investigación penal y emitió una orden de prisión contra González Urrutia, acusándolo de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir”.
EFE