María Corina Machado, Edmundo González y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que exigieron respeto a la soberanía popular, expresada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y ratificaron que consideran «nulo» el proceso llevado a cabo por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para certificar los cuestionados resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Cuando el pueblo vota y decide, los poderes acatan», se titula el documento que recuerda que «el 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló».
«Ese día, con su voto, dio un mandato en claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución (…). El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia», afirmaron.
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la haremos respetar.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 21, 2024
La decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden… pic.twitter.com/cTMzzbmhpT
«La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder», sonrayaron.
Machado, González Urrutia y la coalición opositora insistieron en que «el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes», al recordar que «la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TS) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen».
«El CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), esa ¡ón no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral. La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución, Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas», advirtieron.
En este sentido, anticiparon que «conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa».
Finalmente, María Corina, Edmundo y la Plataforma Unitaria exigieron «transparencia y cumplimiento estricto al Estado de derecho» y alertaron que «se pretende aniquilar judicialmente la soberanía popular».
Ante esto, enfatizaron que «no aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió».
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