La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al dirigente opositor Freddy Superlano, luego de que una organización de Venezuela le presentó un informe detallado sobre su caso tras ser detenido el pasado 30 de julio.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó que la CIDH concedió las medidas tras considerar “la situación de gravedad, riesgo y daño irreparable contra los derechos de Superlano detenido arbitrariamente”.
Los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro arrestaron al coordinador nacional del partido Voluntad Popular dos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio cuando se desataron protestas en toda Venezuela por los cuestionados resultados electorales.
En un video divulgado en esa ocasión se observa cómo agentes de seguridad del régimen obligan a Superlano bajarse de su camioneta para detenerlo, en Caracas.
La CIDH informó a su vez en un comunicado que encontró que las autoridades venezolanas han negado la posibilidad de protección a favor del beneficiario.
“De manera que estimó que este enfrenta una situación de extrema desprotección y grave riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal al carecer de información oficial respecto, a los motivos, si existieran, para que las autoridades lo hayan detenido, sumado al desconocimiento del lugar o paradero actual”, indicó.
Por lo tanto solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Superlano. En particular, informe si se encuentra bajo su custodia y las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino.
“La Comisión considera necesario que el Estado precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos. De lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha”, solicitó.
También solicitó al Estado que implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como integrante de un partido de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
La Coalición indicó a la CIDH que los familiares del dirigente presentaron un recurso de Habeas Corpus que fue declarado improcedente.
Mientras que familiares y abogados del beneficiario han acudido a las diferentes sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) donde han negado que esté detenido en esas instalaciones.
Los directivos de la Coalición por los DDHH y la Democracia, señalaron que ya la CIDH ha concedido medidas especiales a defendidos por esta organización como el periodista y activista político Roland Carreño, quien está detenido y es de Voluntad Popular, y a Carmen Leonor Azuaje secretaria del partido político Alianza Bravo Pueblo en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela.
La ONG venezolana dijo que espera que la CIDH otorgue próximamente medidas cautelares a otros ciudadanos defendidos por la coalición.
La CIDH considera preocupante la situación de represión, persecución y ataques contra la libertad de expresión en Venezuela luego de las protestas poselectorales.
El Nuevo Herald