El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aceptó la demanda de Venezuela contra Argentina por el avión de Emtrasur, filial de Conviasa, que fue retenido en el país suramericano y luego destruido en Estados Unidos.
En entrevista con el canal Telesur, Velásquez calificó de robo la acción de Estados Unidos, y aseguró que se trata de una violación a los convenios internacionales y contra Venezuela. Destacó que buscan una respuesta por parte del Gobierno argentino.
Aseguró que Argentina accedió a entregarle el avión a Estados Unidos con la condición de que se nombrara un representante de las oficinas del FBI en Argentina como custodio de la aeronave y, si en algún momento se presentaba alguna decisión que favoreciera el retorno del avión, debía regresar a Argentina y de allí a Venezuela.
El ministro exigió justicia sobre el caso que, según dijo, atentó de manera directa contra el patrimonio de los venezolanos. «Una acción arbitraria e ilegal ejecutada por el gobierno de la República Argentina».
«Nos buscaban desmoralizar, pero ¿qué pasaría ahora en esta controversia que estamos llevando? ¿Qué pasaría si la OACI determina que Argentina tiene que devolverle el avión a Venezuela? Cuando en cuestión de tres o cuatro días el Gobierno de los Estados Unidos lo destruyó, lo demolió. Ahí se tiene que poner de acuerdo entonces el Poder Judicial argentino con el estadounidense y ver cómo nos reponen nuestro avión», señaló.
El pasado 1 de marzo de este año, a través de un comunicado, la Cancillería venezolana denunció que el avión de Emtrasur había sido desmantelado en Estados Unidos luego de ser enviado a ese país el 12 de febrero.
La aeronave Boeing 747-300 arribó a Argentina en 2022 procedente de México, después de intentar ir a Uruguay a cargar combustible, país que no habilitó su aterrizaje. Tenía una carga de autopartes de SAS Automotriz, firma que comercializa asientos y paneles de instrumentos para Volkswagen.
Ese avión estuvo bajo investigación por parte de las autoridades argentinas. El hecho generó que retuvieran a la tripulación, compuesta por 14 venezolanos y cinco iraníes. A estos últimos se los había relacionado con actos de terrorismo internacional.
Los tripulantes fueron liberados ese mismo año por la justicia argentina, que consideró que no existió evidencia suficiente para procesarlos por el delito de financiación de actividades terroristas.
Sin embargo, en octubre de ese mismo año un tribunal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ordenó confiscar el avión venezolano-iraní. Esta orden se dio por una demanda por decomiso.
El tribunal estadounidense argumentó que como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre del 2021, sin la autorización de Estados Unidos, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio.
El avión fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air, y al momento de su confiscación pertenecía a la filial de Conviasa, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Tal Cual con información de El Pitazo