La ONG Provea denunció la “desaparición forzada” de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, y varios de sus familiares, alegando que la situación se prolongó por más de 100 horas. Destacó este acto como una “práctica recurrente” del Gobierno venezolano para “silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico”.
¿A qué viene la reiteración?
La denuncia surge en el contexto de las recientes declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, quien afirmó que el proceso judicial contra Rocío San Miguel y sus allegados se desarrolló dentro de los “lapsos establecidos por la ley”. No obstante, Provea insiste en que este caso es solo uno más de los numerosos incidentes de “desaparición forzada” que ocurren en Venezuela.
Tarek William Saab, por su parte, fundamentó la detención de San Miguel y sus familiares en su presunta implicación en una trama conspirativa denominada Brazalete blanco, argumentando que la activista tenía un papel específico en las operaciones planificadas.
Las autoridades venezolanas detallaron que a San Miguel y sus allegados se les acusa de ocultar pruebas relacionadas con la trama, las cuales posteriormente recuperaron las autoridades como parte de la investigación que llevan a cabo.
Hasta el momento, según Saab, hay 19 personas apresadas y 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en esta “trama de conspiración”.
¿Por qué se considera “desaparición forzada”?
En Venezuela, el tiempo máximo que una persona puede estar detenida antes de que la presenten ante un tribunal está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que en su el artículo 44 dice que debe ser dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
Este plazo puede ampliarse a 72 horas si la detención se ha realizado en un lugar de difícil acceso o si existen razones de seguridad pública que lo justifiquen.
Es importante destacar que una persona arrestada tiene derecho a recibir información de los motivos de su detención y a recibir asistencia de un abogado durante todo el proceso. Esto mismo se establece en el marco legal internacional, que considera desaparición forzada cuando alguien del gobierno o personas autorizadas por él se llevan a un ciudadano y luego no se sabe dónde está ni qué pasó con ella.
La desaparición forzada, según estándares internacionales, es una violación grave de los derechos humanos, tanto así que se considera un crimen de lesa humanidad.
Fuente el Carabobeño