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| Elisa Trotta Gamus, secretaria general de FADER |
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) pidió este miércoles a la Justicia Federal de Argentina investigar las graves violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y cinco miembros de su familia en Venezuela.
Basado en el principio de jurisdicción universal, FADER presentó ante el despacho del fiscal federal Carlos Stornelli una ampliación de la denuncia penal introducida el 18 de enero de 2023 contra el régimen de Nicolás Maduro, para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La ampliación se refiere al caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. Desde entonces, los abogados no han podido comunicarse con la activista y desconocen su paradero.
«Los hechos aquí denunciados constituyen –en principio- el delito de desaparición forzada de personas, que no solo se encuentra previsto y reprimido en el artículo 142 ter del Código Penal y receptado en la Ley 26.298, sino que es objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte», señala el escrito introducido en los Tribunales de Comodoro Py.
FADER también pidió a la Justicia argentina investigar «si la desaparición forzada de los familiares directos de Rocío San Miguel constituye la forma de tortura denominada ‘castigo por responsabilidad familiar’, que fue creada en la Alemania Nazi y consistía en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado».
Jurisdicción universal
Elisa Trotta Gamus, secretaria general de FADER, explicó que la jurisdicción universal permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Recordó que el sistema de justicia argentino ha aplicado anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco; en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua; y en 2023 por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, gracias a las denuncias presentadas por FADER y la Fundación Clooney.
«El mundo no puede permanecer callado e inerte ante la nueva ola de represión desatada por el régimen de Maduro con el objetivo de impedir unas elecciones presidenciales libres en Venezuela. Desde la firma del acuerdo de Barbados ha aumentado la cantidad de presos políticos, que hoy suman más de 300. Estos atropellos no pueden quedar impunes. La tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa humanidad y deben ser investigados no solo por la Corte Penal Internacional, como está ocurriendo, sino también por la justicia de países como Argentina», pidió Trotta Gamus.
«El año pasado fuimos firmes en nuestra defensa de la democracia cuando el dictador Maduro intentó ingresar a Argentina para la cumbre de la Celac. Hoy volvemos a alzar la voz tras la desaparición de Rocío San Miguel, denunciando penalmente de nuevo a Maduro y exigiendo que liberen a la defensora de los derechos humanos», afirmó el presidente de FADER, Waldo Wolff.
«Hoy hemos denunciado al régimen de Nicolás Maduro por el secuestro, por la desaparición forzada de Rocío San Miguel y de sus parientes más próximos, su hija, sus hermanos y su ex marido. Esta es una forma de tortura que era conocida en el nazismo y que, según distintas organizaciones de derechos humanos, se aplica de manera sistemática en Venezuela«, dijo el abogado de FADER, Tomas Farini Duggan.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región lo integran dirigentes políticos, diplomáticos e intelectuales argentinos, que promueven pronunciamientos y acciones en defensa de los derechos humanos y la democracia en Latinoamérica.
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