El Gobierno de Venezuela está redoblando los esfuerzos para controlar la inflación en un año electoral, intensificando su estrategia de mantenimiento del tipo de cambio y sospesando cómo gestionar el gasto sin avivar los precios al consumidor, dijeron fuentes cercanas del sector público y analistas.
Venezuela, cuyo gobierno está sancionado por Estados Unidos, ha enfrentado una crisis económica de larga duración marcada por años de escasez e hiperinflación.
El país terminó 2023 con una inflación de 189,9%, una de las altas más altas de la región. Y aunque la inflación interanual a enero cerró en 107%, los elevados precios impactan en la capacidad de compra de bienes básicos de las familias.
Desde hace 10 meses las tasas de inflación mensual han sido de un dígito debido a que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzó a aplicar a fines de 2021 una política ortodoxa de estabilización del mercado cambiario y de restricciones al crédito y al gasto, una estrategia que se estaría reforzando.
"Venezuela consolidará su victoria definitiva este año contra la inflación retornando, con el favor de Dios, a una inflación anualizada de dos dígitos", dijo Maduro ante el Parlamento en enero. La última tasa de dos dígitos fue en 2014.
Durante 2024 el tipo de cambio no ha variado, y lleva dos meses en 36 bolívares por dólar. La moneda local se depreció 38% el pasado año.
"El objetivo es tener una inflación baja y mantener la tasa cambiaria. Es la política", dijo una fuente cercana al gobierno que pidió mantener su nombre en reserva.
El control del Gobierno de la inflación es frecuente y semanalmente la vicepresidencia solicita al emisor el comportamiento de los precios, agregó una de las fuentes.
"Lo que se ha hecho hasta ahora debe mantenerse para que no se vuelvan a dar escenarios complejos", dijo el diputado oficialista Francisco Torrealba, en alusión a las medidas que buscan evitar saltos bruscos en el mercado cambiario.
Para mantener la estabilidad cambiaria, el Banco Central y la petrolera estadounidense Chevron ofertaron a través de la banca local 4.200 millones de dólares el año pasado, según cálculos de la firma Síntesis Financiera, 17% más que en 2022.
Chevron opera en Venezuela con autorización especial de Washington, trayendo algunos de sus ingresos por exportaciones para cambiarlos por bolívares y poder pagar los gastos locales.
Analistas consultados señalaron que las ventas de divisas este año crecerán.
El Banco Central y el Ministerio de Comunicación no respondieron a solicitudes de comentarios.
EL DILEMA DE GASTAR
Con el alivio temporal de las sanciones petroleras, luego de la firma en octubre de un acuerdo electoral con la oposición, analistas dijeron que el Gobierno estaba en capacidad de expandir el gasto de cara a las elecciones. Incluso, Maduro contempló un incremento de 27% en los ingresos petroleros para financiar el presupuesto de 2024.
Pero Washington ha advertido que en abril podrían revertirse las sanciones si no se permite la participación en las elecciones de la candidata opositora, María Corina Machado.
La reversión afectaría la capacidad de gasto del Gobierno, que enfrenta el dilema de cómo atraer votantes sin avivar la inflación.
"Dentro del Gobierno lo principal es la inflación, pero se tiene que crear una sensación de bienestar por las elecciones", y eso implica gastar, dijo una fuente cercana al oficialismo sobre las dudas si subirán o no los salarios.
Desde 2022 no se revisan los sueldos de los trabajadores públicos, que únicamente reciben bonos. Sus salarios promedian 40 dólares al mes, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
"El Gobierno mantendrá la estrategia de los bonos y si puede otorgaría un aumento en mayo, pero no será tan elevado", dijo Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma local Ecoanalítica. "Las elecciones condicionan el gasto".
Las firmas como Ecoanalítica y Síntesis Financiera estiman que si no se mantiene la flexibilización de las sanciones, el gasto sería equivalente a 20% del PIB, similar al 2023.
Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, señaló que además de las bonificaciones, es posible que en estos meses "se distribuyan más bolsas de alimentos, porque es menos costoso para el fisco" e impactará menos en los precios.
"Si las elecciones son competitivas habrá más gasto, pero si las elecciones no son competitivas el gasto será restringido y el dinero se reservará para los comicios de 2025 (regionales y parlamentarios)", dijo Luis Vicente León, director de la firma local Datanalisis.
Reuters